La autoridad ambiental también abrió actuaciones internas para establecer responsabilidades en el caso registrado en la vereda Guacamayas.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, denunció ante la Fiscalía el caso que involucra a Rubiela González Ortiz, funcionaria de la entidad, señalada presuntamente de haber ordenado una tala y quema controlada en un predio del municipio de Dolores.

Los hechos se conocieron luego de que el pasado 25 de agosto la Policía capturara en flagrancia a Julio César Morales Herrera y Leónidas Merjado Hurtado, cuando realizaban actividades de tala de árboles y quema de material vegetal en una finca ubicada en la vereda Guacamayas.

Según la información entregada, la Fiscalía les imputó los delitos de incendio y deforestación. Los dos ciudadanos no aceptaron cargos y quedaron con medida de aseguramiento intramural.

Cortolima informó que, tras conocer lo ocurrido, realizó una visita técnica al predio y constató intervención de cobertura vegetal mediante tala, posterior realización de quemas y ausencia de permiso o autorización de aprovechamiento forestal relacionada con las actividades encontradas.

Como consecuencia, mediante la Resolución No. 938 del 31 de agosto de 2026, la Oficina Territorial Suroriente inició un proceso sancionatorio ambiental e impuso una medida preventiva contra las personas vinculadas a los hechos investigados.

Frente a la presunta participación de González Ortiz, señalada como propietaria del predio y quien habría ordenado las actividades, la Corporación puso el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

De manera paralela, Cortolima indicó que se adelanta un proceso desde su oficina de control interno para evaluar la situación y adoptar las decisiones que correspondan.

La entidad señaló que las investigaciones deberán determinar las responsabilidades individuales frente a lo sucedido.