Según las investigaciones, las personas generaban ingresos superiores a los $100 millones mensuales y no contaban con ningún tipo de autorización para estas labores que afectan el medioambiente.

En las últimas horas, personal de la Policía Metropolitana de Ibagué adscritos a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, desplegaron un contundente operativo en la Vereda la Helena, zona rural de la capital tolimense.

Esta acción tenía como objetivo la erradicación de actividades ilegales relacionadas con la explotación de yacimientos mineros sin el respectivo título legal, además de combatir el tráfico y contrabando de recursos naturales, delitos que atentan gravemente contra el medio ambiente y la economía regional.

Durante el procedimiento, las autoridades sorprendieron en flagrancia a cuatro personas que se encontraban realizando labores de extracción de minerales en un terreno sin autorización. Los individuos operaban maquinaria pesada, sin contar con los permisos ni el título minero expedido por el Ministerio de Minas y Energía, requisito indispensable para este tipo de actividades.

Gracias a la acción policial, se logró la incautación de tres rotomartillos, una motobomba y un generador de aire, herramientas comúnmente utilizadas en la minería ilegal, debido a su capacidad para extraer grandes volúmenes de material sin control técnico ni medidas de protección ambiental.

Cabe destacar que la zona intervenida no contaba con ningún tipo de autorización o legalidad para el desarrollo de actividades mineras, lo que ratifica el carácter ilícito de las operaciones y la flagrancia de los hechos.

Las primeras investigaciones indican que presuntamente podrían estar generando ingresos mensuales cercanos a los 100 millones de pesos, producto de la extracción y comercialización clandestina de minerales. Esta renta ilegal se obtenía sin control estatal, lo que permitía operar con total impunidad, generando un grave deterioro ambiental y afectando el equilibrio ecológico de la región.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el presunto delito de Explotación Ilícita de Yacimiento Minero y Otros Materiales, contemplado en el Código Penal colombiano.