Desarticulada banda delincuencial dedicada al homicidio y a la comercialización de estupefacientes 

por Redacción Judicial

Los hoy procesados, al parecer, asesinaban a quienes también se dedicaban a la venta de estupefacientes, para garantizar el control territorial.

Desarticulada los camilos

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado anunció un importante resultado logrado en un trabajo conjunto entre la fiscalía, liderada por la delegada para la seguridad ciudadana, y la policía judicial Sijín, en el que se logró la captura de 15 presuntos integrantes de la organización criminal conocida como "los camilos", quienes al parecer cometían homicidios selectivos para mantener el control territorial de la comercialización de estupefacientes.

Según la investigación, el modus operandi consistía en que el administrador de un expendio de estupefacientes observaba a la persona de otro grupo delincuencial que estaba vendiendo la mercancía en la zona; le informaba al cabecilla, quien ordenaba un trabajo de inteligencia, después les avisaba a los sicarios, quienes se acercaban a la víctima como posibles compradores, la hacían llegar a un punto determinado y ahí les quitaban la vida.

Se conoció que esta estructura tenía diferentes cargos o roles, con sueldos específicos. Además, los homicidios también eran pagados de acuerdo con la calidad la víctima, oscilando entre los $100 mil y hasta los $5 millones, el precio más alto para quien asesinara al cabecilla de una banda delincuencial. Los homicidios, al parecer, eran ordenados por Néstor Aguirre, alias camilo, presunto cabecilla de la organización, quien está vinculado en 16 eventos cometidos durante el 2021.

Después de recoger todo el material probatorio, las autoridades iniciaron los operativos y se hizo efectiva la primera orden de captura que fue proferida en contra de Néstor Aguirre, alias camilo, presunto cabecilla del grupo delincuencial.

La fiscalía general de la nación le formuló imputación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravado. Estos cargos no fueron aceptados por el procesado. El juez 50 penal municipal con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.