La Personería de Piedras interpuso una acción de cumplimiento para exigir que se pongan en marcha las medidas ordenadas desde 2021 para proteger el afluente, reconocido como sujeto de derechos.

La protección del río Opia llegó a los estrados judiciales. La Personería de Piedras presentó una acción de cumplimiento ante la jurisdicción administrativa, con la que busca que las autoridades responsables ejecuten las medidas establecidas en una ordenanza departamental que reconoce al afluente como sujeto de derechos.

La actuación judicial se originó, según la Personería, ante la falta de avances visibles en el cumplimiento de la Ordenanza 006 de 2021, mediante la cual se establecieron obligaciones relacionadas con la protección, recuperación, restauración y conservación del río.

La entidad había requerido previamente a las autoridades para conocer el avance en compromisos como la conformación del comité departamental, la elaboración de un plan de recuperación y la creación de un grupo encargado del seguimiento. Sin embargo, ante el vencimiento de los plazos y la ausencia de respuestas de la Gobernación del Tolima, decidió acudir a los jueces.

La personera de Piedras, Alejandra Jiménez, aclaró que la acción no pretende imponer nuevas obligaciones, sino lograr que se cumplan las que ya fueron establecidas.

Dentro del proceso también aparecen vinculadas la Alcaldía de Ibagué, Cortolima y la Universidad del Tolima, entidades contempladas dentro de la articulación institucional para la protección del río.

La acción judicial se presenta en medio de las denuncias y preocupaciones por el deterioro del Opia, relacionadas con contaminación, acumulación de residuos, afectaciones en su ronda hídrica y disminución de su caudal.

Ahora será la jurisdicción administrativa la encargada de determinar si las autoridades han cumplido con las obligaciones establecidas y si deben adoptar medidas concretas para garantizar la protección del río.