El secretario de Gobierno hizo un duro llamado a la Defensoría del Pueblo, al querer desinformar a la ciudadanía con el tema de la situación de seguridad con los corregidores de la zona rural de Ibagué.

Ante diversas versiones no verídicas de la Defensoría del Pueblo, al afirmar que la Alcaldía de Ibagué no atiende las peticiones de los corregidores en materia de seguridad, los propios servidores públicos reconocieron el trabajo en materia de orden público llevado a cabo al momento.

Milton Restrepo, secretario de Gobierno de Ibagué, realizó un fuerte llamado a dicho órgano constitucional tras reunirse en un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que los 14 corregidores tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes en lo relacionado a la situación de orden público que tienen en sus sectores.

“Hicimos un llamado de atención respetuoso y cariñoso a la Defensoría del Pueblo, para que en una acertada comunicación a veces no se desinforme porque dieron a entender que nunca nos habíamos reunido con los corregidores y hacen parte de la estructura orgánica de la Alcaldía y nos hemos reunido con el alcalde y fuerza pública”.

Asimismo, el funcionario expresó que se tiene un dispositivo especial en zonas rurales entre la fuerza pública, los cuales permitieron ratificar que no hay presencia de grupos al margen de la ley en la ciudad de Ibagué incluida la zona rural.

“Instalamos los centros de inteligencia de la Policía, Fuerza Aérea y Ejército, que permite este centro de inteligencia permanentemente cruzar información entre centrales de inteligencia de la fuerza pública, lo que nos permitió determinar y volverlo a reiterar que en Ibagué no hay presencia de ningún grupo organizado, llámese FARC, ELN o mal llamadas disidencias de las FARC”.

Restrepo añadió que “hay algunas preocupaciones en el ejercicio de sus funciones del control urbanístico, amenazas que salen de la ciudadanía, lo cual se tomó atenta nota. No es cierto como lo intentó manifestar la Defensoría del Pueblo que no hubiésemos actuado de cara a un candidato y grupo político que recibió unas amenazas, que Policía y Fiscalía actuaron de manera oportuna”.

Finalmente, expuso que se han puesto más de 80 rutas de protección a personas amenazadas, las cuales cerca del 50% han venido siendo solicitadas por la Defensoría del Pueblo.

“Hemos tenido la posibilidad de activar 83 rutas de protección, a más de 31 mujer y 52 hombres, donde se encuentran activistas políticos, defensores de Derechos Humanos, presidentes de JAC, líderes sociales y de esas 33 han sido por solicitud de la Defensoría del Pueblo, lo que no deja bien visto a la Defensoría quiera requerir a la Secretaría de Gobierno”.