En caso de que servidores públicos, mandatarios o ciudadanos den positivo para Covid-19, no están obligados a hacer público su estado de salud. A pesar de ello, el abogado penalista, Wilson Vallejo explicó que, si no cumplen con el aislamiento no comunican a su círculo cercano, estas podrían incurrir en sanciones hasta de orden penal.

Luego de que se hiciera pública la lista de los concejales que resultaron contagiados por Covid-19 en Ibagué, el abogado penalista, Wilson Vallejo, enfatizó que el hecho de que estas personas sean servidores públicos, no los obliga divulgar su condición de salud actual, dado que es un derecho fundamental.

De esta forma, Vallejo enfatizó que, los únicos autorizados para entregar este tipo de informes, en lo que respecta a la situación actual por el Covid-19, son los secretarios de Salud municipales o departamentales y en determinados casos el mismo Ministerio de Salud, pues que lo haga un tercero puede llevar a que se viole el derecho a la privacidad de determinada persona.

“Los funcionarios públicos, pero en específico los secretarios de salud tanto del municipio como el departamento y en su defecto el Ministerio de salud son las autoridades competentes para entregar los informes pertinentes en cuanto a la situación del covid-19”, manifestó.

Sin embargo, resaltó que, si el servidor público no comunica su situación a su círculo cercano y no se aísla de inmediato, puede incurrir en una falla que puede tener consecuencias penales, lo que significa que podría llegar a tener una orden de captura.

“Cualquier ciudadano en cualquier condición sea servidor público, sea un ciudadano del común que se entere que es positivo de Covid-19 lo primero que debe hacer es aislarse porque si esta persona teniendo el conocimiento de ser positivo y no se aísla ni se lo comunica a su círculo cercano así sea de forma privada, puede estar incurso en sanciones hasta de orden penal”, enfatizó.