Hoy finalmente la Contraloría Municipal de Ibagué dio a conocer el informe final de la auditoría exprés que se desarrolló tras conocer las denuncias que algunos concejales hicieron llegar a la oficina de este órgano de control por el presunto sobrecosto en algunos contratos que suscribió la Alcaldía para enfrentar la crisis por el Covid-19.

En medio de la exposición que realizó el titular de este ente de control Iván Darío Delgado, se conoció que no hay ningún tipo de incidencia fiscal, dejando a un lado los hallazgos del documento preliminar que mostraba un presunto sobrecosto de $706.708.491,65.

Las explicaciones que ha entregado Delgado frente a la modificación de los hallazgos y que ya no hay ningún tipo de sobrecosto, es que evidentemente, al conocerse la controversia por la Alcaldía de Ibagué en cabeza de Andrés Fabián Hurtado, se dejó sin validez estos hechos, pues obedece a algunos aspectos en la cotización y ejecución en la entrega y compra de los kits nutricionales.

De esta forma, el informe final mostró simplemente un hallazgo administrativo que la Alcaldía deberá solventar en el tiempo que dure el gobierno, con el objetivo de mejorar las situaciones expuestas por la Contraloría.

Este único hallazgo de tipo administrativo, se aplicó al contrato con la empresa 4-72 por la debilidad en la entrega de los mercados adquiridos por la Administración municipal, esto por la poca planeación, determinación y caracterización de la población para la distribución de estos kits.

Es de resaltar que según el informe preliminar, existía una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en el contrato suscrito con la empresa 4-72, demostrando que existía una debilidad en la entrega de mercados al encontrar que un total de 232 personas manifestaron no haber recibido dicho kit nutricional. Este hallazgo se valoró en $24.874.588.

Asimismo, en cuanto al contrato 0236 donde se establece los precios de los mercados, se denunció un presunto sobrecosto en la compra de los mismos mostrando en este aspecto que existía una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por un valor de $681.833.904,05, donde finalmente la Alcaldía justificó que las cifras expuestas en el documento corresponden a las que se lograron tomar de Colombia compra eficiente, donde finalmente la Contraloría no encontró ningún sobrecosto.