Como se tenía previsto, este miércoles los 14 concejales que fueron suspendidos por la Procuraduría asumieron nuevamente sus funciones, en medio de una sesión cargada de tensión y candentes reproches por parte de algunos corporados.

La presidencia retornó a manos de Marco Tulio Quiroga del movimiento la Rosita, como segundo vicepresidente asumió el concejal Víctor Ariza del movimiento político AICO, mientras que, la segunda vice Presidencia fue asumida por el conservador Juan Pablo Salazar.

Durante la jornada en la que se tenía previsto darle trámite al proyecto de acuerdo que busca conferir autorizaciones al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, por mayoría de determinó aplazar el estudio de esta iniciativa, toda vez que los concejales recién incorporados se quejaron de no haber recibido con anticipación la documentación para estudiar el proyecto.

Los cabildantes aseguraron que hubo falta de voluntad por parte de la saliente presidencia del Concejo, acusando a Salazar no entregar la información solicitada para el estudio de las iniciativas que ha presentado el ejecutivo.

Adicionalmente, algunos de los concejales que asumieron hoy sus funciones tras finalizar la suspensión interpuesta por la Procuraduría, hicieron la exigencia del pago de algunas sesiones, a las que aseguran tendrían derecho.

Según el concejal Humberto Quintero, la presidencia de la corporación está en la obligación de realizar el pago de 11 millones de pesos a cada uno de los cabildantes que fueron suspendidos, toda vez que asegura que por una “irresponsabilidad y mala interpretación” se alargó un mes más la sanción ordenada por el organismo de control disciplinario.  

Para Quintero, la presidencia de la corporación en cabeza de Juan Pablo Salazar cometió un error al no permitir su ingreso el pasado 16 de octubre, tiempo en el cual se cumplían los 9 meses de suspensión.

 Así las cosas, el Concejo estaría en la obligación de pagar $154 millones a los recién incorporados cabildantes por los honorarios que debieron recibir en cada una de las sesiones ordinarias a las que no se le permitió el ingreso.

Para el concejal de Cambio Radical, hubo una vulneración de sus derechos al mínimo vital y al debido proceso, razón por la cual anunció que radicará la denuncia ante la Procuraduría.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.