En septiembre del año 2016 el Tribunal Contencioso Administrativo ya había declarado nula la elección, decisión que fue confirmada el 4 de mayo de 2017 por el Consejo de Estado.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a cuatro concejales de Ibagué, por una investigación que se adelanta en su contra por el delito de prevaricato por acción, en el cual supuestamente incurrieron al elegir de manera irregular al contralor Ramiro Sánchez para el período 2016-2019, el 9 de enero del año 2016 mediante sesión ordinaria. Al parecer, pasaron por alto las reglas establecidas mediante tres directivas establecidas en diciembre de 2015, para la elección del funcionario.

Se trata de los Concejales Marco Tulio Quiroga, Ernesto Ortiz, Víctor Ariza y Víctor Gracia, señalados por el mencionado delito por la Fiscalía 27 Seccional de la unidad de Delitos contra la Administración Pública ante el Juzgado Octavo Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Ibagué. Ninguno aceptó su responsabilidad.

La denuncia penal fue interpuesta por un veedor ciudadano el 9 de marzo del año 2017, cuando se evidenció el favorecimiento a Ramiro Sánchez a través de los votos de los concejales.

Según el ente acusador, se cuenta con elementos materiales probatorios suficientes y evidencia física para inferir razonablemente la participación de los concejales, en calidad de autores y a título de dolo, ya que eran conscientes de su actuar en contra de la Ley, al introducir ajustes en la parte final del proceso, que fue la inclusión en la lista de elegibles de una persona que no alcanzaba ni siquiera el 80% sobre el 100% del puntaje exigido, cambiando las reglas sustentando que no era listado de elegibles sino de aspirantes.

Se refería entonces al señor Ramiro Sánchez, quien tenía como puntaje un 73.3%, muy por debajo de otros dos aspirantes que obtuvieron puntajes de 85% y 75%.

Los cabildantes tenían la capacidad de entender y comprender que su actuar estaba en contra de la Ley al emitir resolución, dictamen o concepto distinto como servidores públicos, tal y como lo determina el delito de prevaricato por acción.

Hoy 23 de agosto se dará continuidad a las imputaciones en contra de otros cuatro concejales activos del municipio tolimense.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.