Ante la crisis sanitaria que se registra en el Coiba de Picaleña por la falta de agua potable, las Personería de Ibagué instauró una acción de tutela en contra de la Alcaldía de Ibagué y el IBAL, debido a las precarias condiciones de salubridad que existen en el complejo carcelario.

Según explicó el personero Camilo Ernesto Ossa, se recurrió a este mecanismo por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, salud, y honra de los internos, guardias y demás empleados del INPEC, y adicionalmente los habitantes de los barrios contiguos por el no funcionamiento de la red de alcantarillado en el sector.

Por ello, el juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué concedió la tutela para que en un término de 48 horas se ejecuten las obras destinadas a “hacer cesar la afectación que en la actualidad padecen los internos y demás empleados del Coiba”.

Es decir que, el IBAL deberá realizar los trabajos de mantenimiento o reparación de la red de alcantarillado para garantizar el acceso a los servicios públicos y derechos fundamentales de la población interna, trabajadores y aledaños.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.