La moción de censura que introdujo la Constitución del 91 como una herramienta práctica de control político del Legislativo sobre el Ejecutivo, que se traduce en la salida inmediata del cargo de ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes y a nivel regional de secretarios de despacho se podría aplicar por primera vez en el Concejo de Ibagué.

Los concejales se cansaron de estar citando, sin que los funcionarios locales les “paren bolas”, no los atiendan, no asistan a las sesiones, ni les respondan los cuestionarios, por lo que plantean ‘cobrárselas’ a algunos secretarios mediante este mecanismo.

Sobre esta sanción o medida se refirió el concejal Pedro Mora, indicando que lo que se quiere es que los funcionarios acudan a ese recinto a responder las inquietudes que se tiene, en el ejercicio del control político que le toca realizar al Concejo, y que ha sido una constante la ausencia de los funcionarios a las citaciones que les hace la Corporación.

Quienes están en la mira de los corporados son la secretaria de Bienestar Social Jennifer Parra, quien ha faltado a los debates. Cristina Prada, titular de la cartera de Cultura, quien ha estado en el ojo del huracán por la firma de polémicos contratos para las festividades, y el gerente del IBAL Mario Casas, quien ha sido acusado de tener un trato “despectivo y arrogante” hacia los concejales, además de inexistentes resultados de su gestión al frente de la empresa de acueducto y alcantarillado.

“El concejo no se puede quedar en el debate de control político y esperar que el contralor no haga nada en temas fiscales. Si los funcionarios se quedan cortos en los procesos y hay disponibilidad en la corporación, se podría aplicar la moción de censura” dijo Mora.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.