El consorcio Atria 2015 encargado de ejecutar el contrato 2511 de 2015 para la construcción del tanque de la Fiscalía demandará a la Alcaldía de Ibagué por los delitos de pevaricato por acción, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y abuso de función pública, a la vez que recusará a los funcionarios de la administración que han adelantado la actuación sancionatoria contractual del mismo.  

El contrato que pactado para ejecutarse en cinco meses tenía como objeto contratar las obras para el sistema de abastecimiento de agua potable de la futura zona de expansión de la ciudad en su etapa I, y el suministro e instalación de las líneas de conducción  en los tramos Fiscalía, Fiscalía – Mirolindo – Picaleña, y el tanque de almacenamiento. Cuatro años después, las obras alcanzan un porcentaje de ejecución del 62 por ciento.

Jorge Triana, representante del Consorcio Atria explicó que la decisión se tomó debido a que desde el inicio del contrato el municipio ha incumplido, toda vez que no entregó permisos de la obra, ni pagó la totalidad de lo pactado.

“Nosotros hemos hecho un grandísimo esfuerzo por tratar de avanzar, pero sin permisos en predios particulares donde había que hacer acciones, no se ha podido ejecutar las obras” advirtió Triana.

El Consorcio Atria da cuenta de cinco suspensiones al contrato y un desembolso de cinco actas hasta el momento.

En pasados días, la Alcaldía de Ibagué anunció la declaratoria de incumplimiento al consorcio argumentando que el contratista nunca cumplió lo pactado, sin embargo, el consorcio advierte que la falta de planeación de la administración municipal ha impedido terminar el proyecto.

“Las obras no se han podido adelantar por falta de permisos que le correspondían tramitar al municipio, y que nos tocó asumir como contratista. Por ejemplo, los permisos ante Cortolima están a nuestro nombre porque nos tocó tramitarlo a nosotros” advierte Triana.

Además, denuncia que pese a que se llegó al acuerdo con la alcaldía del pago de dos actas para poder invertir estos recursos en la obra, los dineros nunca fueron desembolsados.

Según Triana, el día en que debía darse el reinicio de las obras, no hizo presencia el municipio, ni huno orden interventoría ni supervisión, razón por la cual, aunque el contratista tenía dispuesta maquinaria y personal, no pudo iniciar los trabajos.

“Ahora el municipio pretende que como no arrancamos obras, entonces ahora nos están haciendo un proceso de incumplimiento que es incoherente” advirtió.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista judicial.