La auditoría de la vigencia 2018 realizada al IMDRI por la contraloría municipal dejó como resultado 46 hallazgos administrativos, 15 disciplinarios, 3 fiscales y 3 con posible incidencia fiscal.

Dentro de las irregularidades evidenciadas por el organismo de control fiscal se encuentra un detrimento por $726 millones debido al incumplimiento del Consorcio Escenarios Deportivos Unidad Deportiva 2015 cuyo representante legal era José Alexander Pérez alias el Chatarrero, y quien no ejecutó a cabalidad las obras de las piscinas olímpicas, afectando el principio de economía.

“Nos dimos cuenta que esta obra que fue entregada, tiene una mala calidad porque el enchape de recubrimiento de la piscina se ha venido deteriorando y cayendo. Lo que hizo la Contraloría fue analizar el costo de reponer los enchapes que se deterioraron, y el consorcio debe resarcir el daño causado” dijo Medina.

Además, se encontró que el IMDRI modificó un contrato firmado con el Deportes Tolima, en se pactó inicialmente una forma de pago en efectivo sobre un porcentaje de las boletas de ingreso al estadio establecido en un seis por ciento, el cual se cambió a una forma de pago en especie mediante los estudios y diseños del sistema eléctrico del estadio Manuel Murillo Toro para la instalación de las nuevas luminarias del escenario deportivo, violando el proceso de contratación.

“Debió haberse contratado personas idóneas, y haber sido una invitación pública para que varios oferentes presentaran sus propuestas y se tasara realmente un valor que pudo haber sido inferior o superior” explicó.

Además, se evidenciaron anomalías entre un contrato celebrado con Ibagué Limpia que tenía por objeto rocería y desmonte del Parque Deportivo en cual se cancelaron 115 millones, y donde no hubo formalización de la actividad realizada, es decir el IMDRI no realizó contrato formal sino que canceló la millonaria cifra con una factura sin los soportes exigidos por ley.

Será objeto de investigación un contrato adjudicado de manera directa por $1.231 millones a una empresa de entretenimiento que fue la encargada de la logística de los pasados Juegos Nacionales y que, según el organismo de control fiscal, tuvo una sobrevaloración de más de $280 millones, contrato que aún está en proceso de liquidación.  

Los hallazgos de carácter penal y disciplinario serán trasladados a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación para que se realicen las investigaciones pertinentes.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.