Luego que se conociera que a través de una acción de nulidad y restablecimiento de derechos siete de los quince concejales suspendidos supuestamente exigían ante la Procuraduría General de la Nación una indemnización por más de 500 millones por daños y perjuicios causados tras la suspensión que los alejó de sus curules, varios cabildantes advierten que no buscan una compensación económica.

El Concejal Carlos Andrés Castro aseguró que lo que pretenden con esta acción es que “se haga justica” pues mientras que los cabildantes fueron sancionados, Ramiro Sánchez fue exonerado de la investigación.

“No entendemos como (Ramiro Sánchez) de una manera tan clara ha sido exonerado de cualquier investigación o responsabilidad disciplinaria, si nosotros lo que hicimos fue creer en su juramento y los conceptos jurídicos para tomar esa decisión” dijo Castro.

Y agregó “Lo que queremos es que se le resarza a la ciudadanía ese derecho que tuvieron para votar y nuestro derecho al trabajo, que se actúe con justicia”.

Asimismo, El Concejal Oswaldo Rubio señaló que no hay pretensiones económicas de los cabildantes que interpusieron esta acción, sino que lo que se busca es “recuperar su honorabilidad y prestigio”.

“No estamos interesados en que se nos dé dinero, sino que se saque el tema jurídico adelante para poder seguir trabajando y terminar bien el proceso que hemos llevado desde el concejo” indicó Rubio.

Por su parte, Ernesto Ortiz dijo que, en su caso particular, su proceso se encuentra en etapa de conciliación y aspira que la Procuraduría “corrija el error que cometió con los concejales de Ibagué”.

“Ojalá la Procuraduría reaccione y mire el error que cometió porque el Consejo de Estado dijo que Ramiro Sánchez no estaba inhabilitado, pero a nosotros nos suspendieron por eso” finalizó Ortiz.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.