La Procuraduría General de la Nación confirmó integralmente el fallo de primera instancia que suspendió por el término de nueve meses a 16 concejales de Ibagué por elegir y posesionar a Ramiro Sánchez como contralor de la ciudad, a pesar de las inhabilidades que tenía para ejercer este cargo.

 Se trata de los concejales Víctor Julio Ariza Loaiza, Juan Evangelista Ávila Sánchez, Jorge Luciano Bolívar Torres, Carlos Andrés Castro León, Camilo Ernesto Delgado Herrera, Víctor Hugo Gracia Contreras, Harold Oswaldo Lopera Rodríguez, Hasbleidy Morales Lozano, Ernesto Ortiz Aguilar, Linda Esperanza Perdomo Ramírez, Carlos Andrés Portela Calderón, Humberto Quintero García, Marco Tulio Quiroga Mendieta, Flavio William Rosas Jurado, Oswaldo Rubio Martínez y William Santiago Molina.

 El órgano de control determinó que Ramiro Sánchez estaba inhabilitado para ejercer el cargo como contralor para el periodo 2016 – 2019, por haberse desempeñado dentro de los 12 meses anteriores a su elección como director territorial Tolima de la Escuela Superior de Administración Publica, ESAP, elección que adicionalmente fue declarada nula en última instancia por el Consejo de Estado, que encontró que el nombramiento hecho por el cabildo de Ibagué había recaído en alguien inhabilitado.  

Para la Procuraduría, los concejales disciplinados vulneraron los principios de eficacia y moralidad administrativa al infringir el marco jurídico reglamentario de la elección de los contralores municipales.  

La falta de los funcionarios del concejo fue calificada definitivamente como gravísima cometida a título de culpa grave. Contra esta decisión no procede recurso.

Se salvaron de la medida Luis Alberto Lozano y Martha Ruiz quienes no asistieron a la sesión el día de la elección; Pedro Antonio Mora, porque se ausentó del recinto en momentos en el momento que se realizaba la declaratoria de la elección del Contralor y Juan Pablo Salazar, quien reemplazó a Carlos Andrés Portela.

Entre tanto, crece la expectativa de qué pasará con el Concejo el cual está tendrá un agitado 2019, por ser un año electoral y donde se presentarán importantes proyectos para la ciudad.

Un caso similar ocurrido en 2013, con catorce concejales que fueron suspendidos en Riohacha (Guajira), quedando tres cabildantes, por ello se elevó una consulta al Consejo Nacional Electoral para saber si las vacancias podían ser reemplazadas o si los tres habilitados podían sesionar.

El CNE respondió que no podían ser reemplazados los concejales suspendidos, pero que además los tres restantes no podían sesionar; esa corporación volvió a debatir cuando todos los suspendidos pagaron su sanción.

Eso es lo que mantiene en vilo a la capital del Tolima, una ciudad que podría paralizarse con el Concejo, ya que varios proyectos cruciales deben definirse en el próximo año.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.

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